El Gobierno acordó con las empresas mineras el pago de un nuevo gravamen de cerca de 3 mil millones de soles por año, con lo cual no se afectará la inversión ni la competitividad de las empresas y más bien facilitará la inversión en proyectos por 30 mil millones de dólares en los próximos 5 años, aseguró el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis.

En su exposición de la política general que el Gobierno aplicará en los próximos años, así como las principales medidas de gestión que se tomarán para ello, Lerner reafirmó que la nueva administración se concentrará en el crecimiento con inclusión social en democracia, la igualdad con derechos, oportunidades y metas sociales de acuerdo a los Objetivos del Milenio, la concertación económica y social nacional, regional y local, y lo que denominó el reencuentro histórico con el Perú rural. Crecimiento económico de 6% anual e inversiones de US$ 73,000 millones

Al respecto de este anunció el ecologista Marco Arana Zegarra dijo no estar de acuerdo con esa medida, explicando que las mineras el año pasado se han llevado 24 mil millones de dólares, y este año se calcula llevarán 27 mil millones de dólares, en esa relación la suma ofrecida por el gobierno no es significativa, tendiendo en cuenta además que el precio del oro se ha disparado y esta semana ha llegado a costar más de mil 900 dólares la onza.

Como si lo anteriormente dicho fuera poco, Arana explicó también que la caída de la bolsa de valores originará la subida del precio del dólar, por lo tanto las ganancias del sector minero serán mayores. “Se ha preferido facilitar la competitivad de los mineros y no la gran oportunidad de tener más recursos para la inclusión social” dijo.

En otro momento el ex sacerdote dijo que se trata de un impuesto temporal, ya que si cae el precio del oro perderíamos ese impuesto. Para él, el impuesto a las sobreganancias debió darse en promedio entre 10% y 30% sobre la venta de los minerales y no sobre la utilidad.

A pesar de todo Marco Arana, saludó las medidas ambientales como la legitimación de los procesos de zonificación ecológica y económica.